Las consecuencias económicas de los señores Abril-Leal

Las consecuencias económicas de los señores Abril-Leal

RAMON TAMAMES 23 SEP 1979

Diputado del PCE por Madrid

El 11 de septiembre de 1979, tras una larga demora, llegó a las Cortes el «programa a medio plazo para la economía española», más conocido como Programa Económico del Gobierno, o, simplemente, PEG. La remisión al Parlamento se ha hecho mediante una comunicación gubernativa que resume el programa en los quince puntos que sintéticamente vamos a analizar y criticar.

1. De partida, el Gobierno afirma textualmente que el ajuste de la economía española se ve afectado por «las incertidumbres que en el contexto internacional se han originado a raíz del nuevo programa energético... » Tal inculpación a la OPEP me parece excesivamente general y confusa. No precisa suficientemente que lo más grave de los aumentos de los crudos no es la amenaza sobre el abastecimiento energético, sino la notable elevación de costes en los distintos sectores. Y sin negar que la política de la OPEP comporta un impulso considerable al proceso inflacionista, no puede aceptarse que, sin más, se le atribuya toda la culpa de la inflación. El sistema económico español es de por sí el mejor caldo de cultivo para la difusión del virus inflacionista, precisamente porque el Gobierno no ha atacado las verdaderas raíces de la inflación. Desde julio de 1977 no se ha hecho prácticamente nada para detener el alza de los precios del suelo edificable, cuyos efectos se han propagado al resto de la economía. Por otro lado, la virtual liberalización de los tipos de interés desde julio de 1977 (que se llevó a cabo bajo la presión de la oligarquía financiera), ha tenido como resultado intereses entre el 16 y el 24%. A precios tan altos del dinero, los inversores se convierten en filántropos que trabajan gratis para los Bancos. ¿Así, quién va a invertir?

2. Después de tratar de convencemos de que el origen de todos los males está en la crisis energética, el PEG requiere a los españoles aceptar el «empobrecimiento real de la colectividad, como consecuencia de la mayor transferencia de recursos que es necesario afrontar para mantener el aprovisionamiento de productos energéticos». Lo cual equivale a decirnos: «Vais a ser más pobres, pero no por ello debéis perder la serenidad.» Pero ni siquiera se dice cuánto más pobres vamos a ser y cómo va a distribuirse esa nueva pobreza. En el fondo, lo que hay, ¿no es una cierta Pobreza de imaginación dentro del propio Gobierno?

3. La promesa del empobrecimiento equivale a una invitación a convivir indefinidamente con la crisis, con sus secuelas de paro, de delincuencia cada vez más extendida y de frustraciones de todo tipo, en un proceso de degradación social cuyos límites no están a la vista. Y para salir de esta situación, en vez de crear las condiciones de un nuevo desarrollo, lo único concreto que el Gobierno plantea son medidas de pretendida austeridad: la disminución en 100.000 millones de pesetas del déficit de la Administración para 1979. Lo cual no pasa de ser una curiosa operación de autoenmienda del presupuesto, aprobado hace escasamente tres meses. Entonces se confesó un déficit de 250.000 millones. Ahora se habla de 400.000. ¿Y quién nos garantiza que no se trata de 500.000 o incluso 600.000, como ha llegado a decirse?

4. En el PEG se declara la necesidad de una política de ajuste estructural. Pero la cuestión se enfoca de la manera más mecánica, sin apreciar que las estructuras no son piezas de metal, sino relaciones de producción y de cambio entre clases y grupos sociales, con la envolvente de unas instituciones. Por ello, para ese reajuste estructural, a diferencia del protagonismo en exclusiva que pretenden los señores Abril-Leal, es de todo punto indispensable un nuevo marco de relaciones laborales, un mejor entendimiento entre el Gobierno y las centrales sindicales. Como son precisas reformas considerables en instituciones que se encuentran degradadas por la corrupción de los años de la dictadura, y por las inercias más recientes. Pero nada de eso está realmente en marcha. Porque el Estatuto del Trabajador presentado por UCD en el Parlamento apenas va más allá de una mera recopilación de elementos legislativos anteriores. Y en cuanto a la reforma de las instituciones, los propósitos de cambio que se contenían en los pactos de la Moncloa, quedaron muy atrás... e incumplidos desde el momento en que Abril-Leal sustituyeron a Fuentes Quintana y a Fernández Ordófiez.

Recortes al gasto público

5. Tras dibujar un sombrío panorama internacional, recomendar serenidad ante el empobrecimiento y después de crear falsas ilusiones de recortes del gasto público y de reajuste estructural, en el programa surge un inciso sorprendente. «La situación de atraso relativo y baja productividad de la economía española -se dice- ofrece la posibilidad de conseguir tasas de crecimiento real superiores a las registradas, en promedio, por los países industriales.» Es difícil aceptar con el PEG tan halagüeña previsión. Precisamente la experiencia en los últimos tiempos, desde 1973, demuestra todo lo contrario: que España crece por debajo de la media de otros países industriales. Entre otras cosas, porque no hay una verdadera planificación democrática, que, en vez de rémora, podría convertir esos atrasos y esa baja productividad en el más fuerte impulso de desarrollo.

6. En materia de política de creación de empleo, apenas se sobrepasa el horizonte de algunas observaciones generales. Pero dejando bien claro el rechazo a la participación de los sindicatos en todo lo relativo a la administración del seguro de paro, oficinas de colocación y empleo comunitario. Tres áreas en donde las corruptelas y la ineficacia no han dejado de ser el pan nuestro de cada día. Y un Gobierno que así niega la «co-responsabilización» de los trabajadores, ¿quiere realmente aumentar la productividad?

7. El Gobierno se refiere también a la reconversión de sectores industriales en crisis. Sin embargo, en esto, como en tantos otros aspectos, no hay novedad. Ni en materia de industria naval ni de siderurgia. En el primer caso, el propósito es disminuir la capacidad productiva, en vez de buscar con suficiente imaginación nuevos sectores de actividad, como plataformas para exploración y extracción de hidrocarburos en aguas continentales, barcos para turismo (un sector que en todo el mundo está convirtiéndose en monopolio de la Unión Soviética) o programas destinados a la modernización de nuestros malparados ferrocarriles. En el caso del otro gran sector en crisis, la siderurgia, el problema de fondo radica en la demanda de hierro y acero, que no resurgirá sino con el tirón de un ambicioso programa de construcción de viviendas, de obras públicas, de equipamientos sociales. Y de esos proyectos, en el PEG, nada de nada.

8. Se confirma, asimismo, que habrá una mayor liberalización de las instituciones financieras. Algo que suena a vieja cantilena repetida. La más novedosa referencia es al mercado de valores, pero inevitablemente se suscita la cuestión de cómo, sin un horizonte de certidumbre, puede esperarse que reaccionen las cotizaciones, que hoy están en los niveles más bajos de su historia: las «Telefónicas», a 63 (en 1972 llegaron a 480 enteros), y Altos Hornos de Vizcaya, a 12,5 (en 1976 alcanzaron la cota de 120). Y es que desde 1973 -con el breve paréntesis de los acuerdos de fa Moncloa, entre octubre de 1977 y marzo de 1978- en la política española no ha habido otra cosa que permisividad, expansionismo a cualquier trance y oportunismo electorero; para desembocar, ahora, cuando no hay elecciones a la vista, en el más negro fatalismo y pesimismo. Por eso hay que recordarles a los señores Abril-Leal (aunque no les guste) que, cuando desde marzo de 1978 incumplieron y quisieron olvidarse de los pactos de la Moncloa, cometieron un grave error histórico. Se abandonó la única senda de política económica posible, la que llevaba a la reforma económica y social profunda, la que conducía a un verdadero cambio en el anterior modelo de crecimiento.

9. En el PEG hay además no pocas incoherencias de calibre. Entre ellas, el propósito de ir a la adaptación del arancel española la tarifa exterior común de la CEE, sin esperar a la finalización del período transitorio de incorporación de España al Mercado Común (en tomo a 1990). Equivale esto a pensar que la nuestra es una economía en donde rebajando los derechos de aduana y sin necesidad de planificar nada pueden conseguirse ventajas importantes en poco tiempo. Pero con esa política, lo único que vamos a tener garantizado es una larga secuencia de cierres de fábricas, y con ello nuevos aumentos del paro.

10. También en el PEG se inscribe una nueva consagración de la tesis de la máxima privatización posible del sistema económico y de que, por consiguiente, los presupuestos no deben «distorsionar» el flujo de créditos al sector privado. Lo cual, dicho en román paladino, significa que el Gobierno de UCD está a favor de una contracción del sector público, y de un retorno sin ambages al principio de subsidiariedad en materia de empresa pública. El INI seguirá siendo un instrumento de socialización de pérdidas y privatización de ganancias, un vertedero de las empresas privadas con mala administración, y un «descansadero» de ex cargos públicos sin calibrar sus capacidades técnicas y empresariales. Y las pequeñas y medianas empresas seguirán abandonadas.

11. En línea con lo anterior, sobre el funcionamiento del sector público, se hacen las rituales observaciones: limitación del gasto corriente, las inveteradas promesas sobre una mayor participación relativa de la inversión pública, mejoras en el control presupuestario e incrementos de productividad en la Administración. ¡Todo un mundo feliz! .... que para cualquier observador de la Administración no exige de comentarios.

12. En términos de Seguridad Social, la única proposición clara del programa consiste en retrasar en un año el compromiso de llevar hasta un 20% la contribución financiera del presupuesto del Estado. Este objetivo, en vez de alcanzarlo en 1983, se promete conseguirlo en 1984. Pero nada importante se dice en relación con la reforma de la Seguridad Social, que sigue siendo el más oscuro pozo de la economía española. Como tampoco hay referencia alguna a la participación de empresarios y trabajadores en los órganos de administración y gestión de la Seguridad Social, en donde todo son obstáculos para cumplir compromisos contraídos por el Gobierno Suárez hace ya bastantes meses.

Privatización de la empresa pública

13. De la empresa pública ya nos hemos ocupado antes. Y no será preciso insistir que todo lo que en el PEG se menciona de su futura competitividad será mero papel mojado, si no se cambia el actual estado de cosas. Y los propósitos han ido quedando bien claros, pues desde que el proyecto de Estatuto de la Empresa Pública cayó en el sueño eterno, el Gobierno está lanzado a una sistemática operación privatizadora (SEAT, ENDESA, ENASA, etcétera).

14. El PEG termina con una especie de acorde final de pretensiones triunfales, al anunciar que «la economía española en 1982 será una economía mucho más flexible y eficaz que la actual». Pero eso no es una meta, sino una quimera, pues lo único que se esboza es un horizonte de incertidumbre para la inmensa mayoría. En vez de guía para la acción, el PEG es el reconocimiento del pesimismo como doctrina y la exposición de un menguado y ambiguo repertorio de instrumentos técnicos para que se piense que casi todo está previsto.

Hasta aquí, en apretada síntesis, el análisis y la crítica que puede hacerse al Programa Económico del Gobierno. No estamos ante un buen proyecto. No puede construirse la democracia con métodos tecnocráticos; como no cabe hacer llamamientos a la serenidad y a la comprensión sin participación. La planificación democrática es necesaria, está en la Constitución en el artículo 131, en donde se configura un Consejo en el que han de sentarse las comunidades autónomas, las representaciones de trabajadores y empresarios. Y negarse a constituir ese Consejo es limitar la elaboración de la política económica a estériles reuniones de gabinete, a inacabables soliloquios. Todo ello, en vez de ir a un trabajo compartido, con información para todos, y en el cual el Gobierno tendría lógicamente la labor de impulso y de responsabilidad de una política de inversión productiva y de lucha contra la inflación en sus raíces.

En el fondo, ahora que está de moda citar a algunos grandes economistas, se dice que Keynes fue el culpable de la inflación de los años 60 y 70, y que hoy Keynes está muerto. Observaciones así, tienen un carácter casi eclesial. A mí me recuerdan aquella conferencia teológica de Ginebra en la que al final de los trabajos el presidente, a modo de conclusión, se atrevió a decir: «Señores, Dios ha muerto.» Y del fondo de la sala surgió una voz que dejó estremecido al auditorio, con una pregunta bien sencilla: «¿Y ahora, qué hacemos con el cadáver?»

Se dice que Keynes ha muerto. También podría decirse que a Keynes lo han matado sus ya viejos adversarios, los Friedman y los Hayek. Sin por ello exaltar la figura de Keynes, que no pasó de ser un inteligente y, hasta cierto punto, frustrado defensor del capitalismo. Evidentemente, el keynesianismo no podía aspirar a resolver sino los problemas de una cierta fase del capitalismo. Cuando el Estado burgués no intervencionista veía cómo la crisis conducía al colapso total, Keynes recomendó entonces un Estado más intervencionista, basado en la inversión pública, en la utilización de la política monetaria y fiscal, para luchar contra el ciclo, contra la depresión. Y esa recomendación, con todas sus complicaciones lógicas, llevó al gradual montaje de un nuevo Estado de economía mixta, Estado industrial, o Estado keynesiano, si se prefiere. Por tanto, ahora, lo que parece contradictorio es abandonar el keynesianismo, dejando el cadáver del Estado keynesiano, pretendiendo además hacer desde él una política liberal.

La tarea que realmente tenemos ante nosotros es bastante más alentadora que las viejas recetas del Banco de España o que los manoseados consejos de la OCDE a la UCD. Se trata de transformar el Estado, para construir una democracia avanzada, tal como se dice -hay que recordarlo también- en el preámbulo de la Constitución. Y eso es lo que no aciertan a ver ni Abril, ni Leal... Y las consecuencias podrían ser perniciosas si no lo advirtieran pronto.