fondouno

jueves, 6 de diciembre de 2012

Aznar, "A propósito de la Constitución" y "Un País Vasco habitable"

A propósito de la Constitución

JOSÉ MARÍA AZNAR 6 DIC 1992

Nuestra democracia cuenta, por lógica, con pocas fechas todavía que signifiquen verdaderos grandes momentos, giros cruciales de una historia reciente que acaban por grabarse en la cabeza de quienes no han sido testigos ni actores del acontecimiento. La Constitución sí representa uno de ellos, y permanecerá, junto a la restauración de la Monarquía parlamentaria y las primeras elecciones libres, entre los puntos de partida que justifican el futuro de un país.España muda tan rápidamente de piel que las nuevas generaciones apenas imaginarán la delicada combinación de problemas y respuestas posibles que gravitaban sobre la- nueva Constitución. La virtud fundamental de nuestra Ley se cifra, por encima de su imperfecta técnica jurídica, en la capacidad de integrar proyectos concretos divergentes, cuyo precedente directo hay que remontarlo a la Carta de 1876. Ello fue posible gracias a una permanente apertura de miras, sostenida a pesar de que las circunstancias internas, de toda clase, superaban en gravedad a la media de otros países europeos. Numerosas y destacadas personalidades mantuvieron un empeño así porque de antemano habían renunciado a la acaparación del poder.

El día de hoy lleva impreso en los calendarios el color visible de las fiestas, pero, transcurridos 14 años desde entonces, importa preguntarse si este aniversario merece alguna palabra distinta a las que se acostumbra pronunciar en los actos de tinte protocolario. Claro que al gran pacto de 1978 le sientan bien las celebraciones oficiales, tanto como resultan insuficientes para quien experimente una viva inquietud por el malestar con que se despide 1992. El año que brindaba nueva ocasión de marcar otro antes y después en nuestra biografía colectiva.

Desde aquel 6 de diciembre, un poco lejano ya, han decaído bastantes ilusiones miopes. En particular, las de cuantos suponían, gratuitamente, que las libertades políticas en manos de la izquierda brillarían con un esplendor sólo comparable al progreso social impulsado por el equipo dirigente a partir, de 1982. Por encima de ese infantil desencanto, la política española entre el Gobierno y la oposición ha transcurrido durante 14 años con el suficiente acierto y respaldo popular, siempre que estuvieron en juego los mínimos requisitos del Estado democrático.

Ahora bien, la misma perspectiva constitucional y sus leyes básicas posteriores representan el ángulo de visión privilegiado, si se desea entender buena parte de lo que nos sucede en estos momentos, señoreados por la inmovilidad estéril que lastra la última etapa del trayecto socialista. Con nocivas consecuencias para todos, puesto que cada vez será más dificil granjearse la confianza social en unas próximas elecciones generales que aguardan su turno.

En gran medida, tal alejamiento de la opinión ciudadana obedece a una sensible pérdida de sintonía que padecen instituciones centrales del sistema constitucional, cuyas respuestas quedan por debajo de los problemas que tienen por cometido encauzar. Aunque la causa definitiva del escepticismo profundo que cunde en la sociedad civil se aloja en un plano superior. En efecto, la voluntad de llegar a acuerdos con la otra parte se diluyó en la práctica a partir del predominio socialista. De nada valen las protestas escandalizadas cuando se recuerdan ambos fenómenos. Es lógico que se evite admitir el sorprendente déficit que pesa sobre el pluralismo democrático, pero parece imposible seguir como si el dato no existiera. Porque ahí está la raíz de todo un estilo de gobierno caduco, que ha multiplicado la propaganda personalista, alérgica por naturaleza a un debate en pie de igualdad, única vía limpia para informar, a la opinión pública.

A la hora de hacer balance sobre 14 ejercicios de vigencia constitucional, salta a la vista la pendiente pronunciada por la que se desliza el uso del poder. A la altura de 1992, queda sólo un rastro borroso de la fuerza innovadora que presidió la primera fase de la transición política. Conviene a todos que esta idea de la mutua lealtad, heredera del designio centrista y emblema de cualquier avance democrático, se implante en los usos de la política nacional. El espíritu de nuestra Constitución merece la devolución a la vida pública española de un equilibrio plural, de esa atmósfera natural que debería respirarse por norma en las sedes de las instituciones democráticas.

A lo largo del anterior mandato centrista, el partido gobernante buscó que los órganos principales del Estado se creasen mediante leyes orgánicas consensuadas. El consenso demuestra a la vez un máximo interés por extender la concordia y la sana humildad de saber que el partido de turno siempre está de paso por el Gobierno. Justo lo contrario de la etapa socialista, caracterizada por la presencia uniformadora de la mayoría parlamentaria en las instituciones controladoras del Ejecutivo. El colofón anunciado a todo diseño casi monolítico de la división de poderes es la artrosis del esqueleto político en una nación.

Ésta es la diferencia cualitativa entre el ayer y el hoy de la democracia constitucional, aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978. Cabe pensar que las cuestiones importantes apuntan a otras carencias más urgentes de la acción cotidiana de gobierno.

Hablar ahora de procedimientos formales, cuando sobre la mesa se agolpan los problemas del saneamiento económico y las conductas personales, o la participación solidaria de las comunidades españolas, puede sonar a pérdida de tiempo. Sin embargo, el cumplimiento estricto de las previsiones que guarda la Constitución, en el ámbito de las instituciones parlamentarias y judiciales, significa la condición necesaria para que los españoles se vean a sí mismos estrechamente comprometidos otra vez con su futuro común.

José María Aznar es presidente del Partido Popular.

Un País Vasco habitable

JOSÉ MARÍA AZNAR 11 MAY 1998

Si alguien que hubiera visitado España en julio del año pasado volviera hoy, sin haber tenido ninguna noticia de lo ocurrido desde entonces, es muy probable que considerara obligado felicitarnos. Pensaría que, por fin, se había impuesto la razón después de aquella barbarie y que, por eso, ahora, oía que había que negociar. Y, por eso, también le sorprendería no ver muchas caras de felicidad. Sin embargo, se acordaría de que millones de personas salieron a la calle, que los jóvenes pasaron noches en vela y que ofrecían su nuca, mientras otros muchos enseñaban sus manos blancas como ya antes habían hecho cuando otro hombre fue asesinado en su despacho de la Universidad. Recordaría también que los partidos políticos habían denunciado a un grupo como cómplice del asesinato ante el que toda España se había movilizado y que iban incluso más allá, porque consideraban a aquel grupo como participante en el diseño criminal de lo que había ocurrido. Y decidieron aislarle. Pero todo aquello -supondría él- había pasado y era lógico que ahora algunos propusieran sellar el final. Acababa de llegar y lo que quería ver era un importante museo -de eso, sí se había enterado- con una plaza a sus puertas dedicada en memoria de un ertzaina. De esta historia lo único ficticio es la conclusión del visitante. Ante tal fracaso de la lógica -también de la lógica democrática-, el estupor de este turista accidental sería tal vez más intenso, pero no sustancialmente distinto al de quienes se preguntan qué ha ocurrido para que haya que sentar a la mesa a los que entonces había que aislar; por qué los cómplices se convierten ahora en interlocutores ineludibles. Es evidente que ETA y su mundo no han cambiado. Es posible que los asesinos de Tomás Caballero, José Ignacio Iruretagoyena y José Luis Caso sean -literalmente- los mismos que mataron a Miguel Ángel Blanco. Pero, como no creo que el desaliento haya podido penetrar tan dentro del ánimo de los demócratas, ni creo tampoco que la movilización de nuestra sociedad sea un espejismo, alguien debe ofrecer una explicación razonable de por qué parece que desistimos de seguir avanzando juntos. En un camino que la voluntad de los ciudadanos ha trazado tan claramente.En el País Vasco tenemos que resolver un déficit y llenar un vacío. El déficit es, sin duda, democrático, pero nada tiene que ver con un sistema político que ha hecho posible el nivel de autogobierno de que dispone, gracias a un proceso que se inicia con la voluntad mayoritaria de los españoles en apoyo de la Constitución. Es la carencia que provoca la amenaza, el chantaje, la presión mafiosa sobre los ciudadanos, la violación de la ley. En definitiva, todo lo que ETA es y representa, todo lo que quiere perpetuar y extender con sus cómplices. Frente a eso, no hay otro objetivo que devolver a la sociedad lo que le corresponde: la tolerancia, el respeto y la dignidad para conseguir una democracia sin mártires en la que nadie pueda pensar que el heroísmo sea el precio que algunos tienen que pagar por su libertad.

Si esto ocurre en el umbral del siglo XXI, después de 20 años de andadura democrática y en un momento clave para nuestro futuro, no culpemos al cansancio de un esfuerzo que todavía está pendiente de hacer. El vacío que llena el terrorismo es la ausencia de un proyecto colectivo que los vascos puedan compartir y que tiene que asentarse sobre el pilar político de su autogobierno y el pilar social de su pluralidad. Personalmente, me he empeñado en llevar hasta el final, sin reservas ni prejuicios, el compromiso con el desarrollo del estatuto, con la actualización del concierto económico, con la superación de agravios pendientes de nuestro pasado más doloroso, buscando ampliar el espacio de acuerdo. Es un esfuerzo que estoy convencido que hay que seguir realizando, sin que deba preocuparnos el beneficio táctico que otros quieran extraer de este trabajo de estabilidad y diálogo.

Lo que sí me preocupa es la aportación que tenemos que hacer para conseguir un País Vasco habitable para todos, cuya pluralidad excluye proyectos únicos y permite asumir identidades que no están condenadas a un conflicto irresoluble. Contamos con el instrumento fundamental del estatuto, al que se llega desde una Constitución que recupera la memoria institucional vasca y con la que los españoles hemos querido y sabido resolver querellas históricas por las que pagamos un precio muy claro. No inventamos nada, simplemente estamos dispuestos a andar la parte del camino que nos toque para que el único proyecto de convivencia que no fracase sea el que todos podamos defender.

Sólo hay una condición: que pongamos sobre la mesa el esfuerzo que cada uno está dispuesto a hacer, nacionalistas y no nacionalistas. Pensemos, como problema, en los miles de vascos que todavía apoyan la violencia. Pero pensemos, sobre todo, en muchísimos otros vascos, que son muchos más, que apoyan la libertad y la democracia y cuentan con las dos para poder seguir siéndolo.

No olvido que, después de estas consideraciones, nuestro visitante se encuentra todavía sin respuesta. Le diría que tengo la convicción de que la violencia no se puede gestionar, ni con la mejor de las intenciones. Queremos verla acabar. Si elevamos nuestra mirada, será posible que todos, de nuevo, veamos lo mismo y compartamos la misma ambición.

JOSE MARÍA AZNAR México 16 AGO 2004

El diario EL PAÍS, en su edición del día 15 de agosto de 2004, se hace eco de una supuesta información, referente a mí, que en nada se corresponde con la realidad. La noticia cita como fuente a la cadena SER, y según ella, la policía de EE UU habría impedido a mis escoltas viajar armados en un vuelo entre Miami y Cancún.

La realidad es bien distinta. La policía estadounidense no impidió nada a mis escoltas, toda vez que éstos hicieron con toda normalidad los trámites de embarque de sus armas reglamentarias, incluyendo su depósito en la bodega del avión. Ni hubo incidente ni hubo "momentos de tensión" ni hubo nada de nada. Hubo, eso sí, toda la corrección y amabilidad habitual por parte del personal de la aeronave, de los viajeros, así como de los empleados y funcionarios del aeropuerto norteamericano.

El canciller del Consulado español no se desplazó al aeropuerto para buscar ninguna solución (lógico, ya que no existía problema que solucionar), sino que lo hizo como una muestra de cortesía, que agradecí. Y para que no falte ninguna inexactitud, ni siquiera estoy pasando mis vacaciones en el lugar que cita dicha emisora. Atentamente.

Socialismo es libertad

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 24 MAY 1977

Hoy se abre la campaña electoral. Después de cuarenta años hurtando la voluntad popular, hoy se inicia el proceso electoral que conduce a los ciudadanos a emitir su apoyo, mediante voto, a las alternativas políticas que mejor representen sus intereses y proyectos.

Hemos empezado a abandonar la dictadura y se comienza a caminar hacia la democracia. Pero para que la democracia se convierta en la forma de vida de los ciudadanos españoles es preciso ultimar un proceso político y social. Proceso que exige dos puntos de apoyo para devolver la soberanía incautada a los ciudadanos: la libertad y la justicia. La libertad garantizada por una Constitución democrática, y la justicia social que implique además la superación de la actual crisis económica.

La democracia está en peligro

Para consolidar la democracia, para establecer unas reglas de convivencia respetadas por todos, hay que contar con el consenso de todos los sectores implicados en un proyecto tan urgente e importante. Pero no ha sido así, y por ello la democracia está en peligro.

La derecha española ha vuelto -como tantas veces en nuestra historia- a traicionar los intereses de la mayoría en beneficio del mantenimiento de sus privilegios. Una vez más el cerrilismo, la ambición, la torpeza de la derecha cierra una salida democrática estable que podría sacar al país del bache histórico en que las fuerzas más reaccionarias lo hundieron.

La derecha se presenta hoy dividida en dos frentes: la que ejerce públicamente su condición autoritaria y continuista del régimen anterior (Alianza Popular) y la que pudo ser democrática, pero que ha hecho dejación de su papel histórico, ha renunciado a su propia identidad política en beneficio de quienes le garantizan el poder a corto plazo. La Unión del Centro Democrático puede ser una opción de poder, pero está muy claro que no es una opción democrática, ni mucho menos una opción de gobierno al servicio de la mayoría del pueblo. Es verdad que el Centro pudo haber sido una alternativa válida en este momento político. Pero, una vez más, la derecha española prefirió la comodidad del poder aquí y ahora, sin tomar en consideración el futuro democrático de nuestro país, hipotecando incluso el futuro institucional del Estado, con la erosión consiguiente de la fórmula que ellos dicen defender.

Suárez, emperador del centro

La precipitada creación del imperio de Suárez, la Unión del Centro Democrático, que no es unión, sino imposición de Suárez y sus acólitos, ni es el centro sino un sector de la derecha, ni democrático, sino heredero de la dictadura, ha resultado un espectáculo circense escandaloso. Suárez, el «sinceramente demócrata», comprando voluntades a los componentes del Centro, y los «santones» democratacristianos, liberales y socialdemócratas vendiendo ideologías por un escaño a la sombra del presidente, son pruebas poco edificantes para la sociedad española. Pero unos y otros, los azules que ahora ejercen de demócratas, y los demócratas que hoy sirven a los azules, deberían saber que la historia no olvida, que el pan para hoy muchas veces es hambre para mañana.

El PSOE, el adversario del neofranquismo

Suárez tiene miedo. Procedente del sector más azul del régimen -secretario general del Movimiento, presidente de UNE, federada en Alianza Popular-, el candidato-presidente Suárez había conseguido cierto respaldo. porque, sin graves traumas, estaba haciendo desaparecer el esquema administrativo-político de la dictadura. Hubiera tenido, de alguna forma, el apoyo de la mayoría de las corrientes políticas. Pero los sondeos de opinión, y fundamentalmente el ascenso del socialismo, le asustaron. Y la estrategia de Suárez se convierte en frenar al PSOE, detener el triunfo del Partido Socialista, único adversario posible en las próximas Cortes de los intereses que defiende el candidato-presidente. Las maniobras de Suárez han estado encaminadas a colocar fuera de juego la opción política que reúne la aceptación popular y capacidad transformadora de nuestra sociedad, la opción que hoy representa el Partido Socialista Obrero Español.

Desde el deplorable discurso pronunciado en RTVE por el candidato Suárez se quiso hacer creer a los electores que sólo hay tres fórmulas: Alianza Popular, la derecha; el Partido Comunista, la izquierda (?), y en el centro, la moderación, el salvador, el candidato- presidente Suárez, lo demás no existe para el señor Suárez. Es posible que nadie crea en ese panorama político, excepto, tal vez, los tres grupos implicados, a la vista de sus comportamientos políticos.

Las dos opciones electorales

La lucha electoral, de acuerdo con todos los sondeos, se va a centrar entre dos opciones: UCD o PSOE. Los electores se inclinarán por la coalición oficialista de quince grupos más un presidente en funciones, más la televisión, o por un partido político, el PSOE, implantado en todo el país. La gran mayoría de los electores se dividirá entre los que apoyen al Centro de derechas con el mascarón de proa de Suárez y los que den su voto al partido que hace cien años fundara Pablo Iglesias y que cuenta hoy con un portavoz de probada capacidad y popularidad: Felipe González.

La opción de UCD es la actitud del avestruz, que deliberadamente quiere ignorar la realidad del país y las necesidades populares, la que defiende sus intereses en contra de los intereses de la mayoría.

La alternativa socialista, la del PSOE, es la vía de acceso a una situación verdaderamente democrática.

¿Se atreverá el candidato Suárez a aceptar la invitación del diario EL PAIS de medirse con Felipe González ante las cámaras de televisión, o sólo confía en textos leídos, previamente ensayados y sin contrincantes?

La alternativa socialista

El PSOE participa en estas elecciones con un objetivo claro: conseguir su presencia democrática en las Cortes que permita elaborar un nuevo marco constitucional que garantice las libertades de todos los ciudadanos.

El PSOE defenderá en las Cortes Constituyentes el establecimiento de un sistema de relaciones sociales y políticas que permita resolver pacíficamente los antagonismos entre los diversos grupos ideológicos y sociales.

El PSOE defiende la unidad del Estado español, unidad que no puede basarse en la fuerza. La unidad del Estado ha de articularse mediante una fórmula constitucional abierta a las diferencias entre las distintas nacionalidades y regiones y a su concreción en los diversos estatutos de autonomía.

Cambiar la vida

Nuestro país necesita, para que sea posible la consolidación de una sociedad democrática, un cambio en profundidad en numerosos aspectos de la vida política y económica.

Para hacer posible el cambio, para cambiar la vida de los españoles, es necesario elegir hombres nuevos, desligados de la etapa anterior, hombres de inequívoca vocación y formación democráticas, que conviertan la actividad política en un servicio al pueblo.

Cambiar la vida significa superar la crisis económica, acabar con el paro, con la emigración y con el aumento irresponsable del coste de la vida, significa crear un bienestar social básico, la reforma fiscal que genere la justa distribución de la riqueza, la reforma agraria, la consolidación de una enseñanza democrática y gratuita, una política de viviendas sociales, el reconocimiento de la importancia de la cultura y el arte, los derechos de la mujer, la juventud, la tercera edad y todos los derechos que exige una sociedad igualitaria.

Abrir España al mundo

La política exterior que los Gobiernos sucesivos han llevado en España desde hace cuarenta años ha oscilado entre una política estrechamente nacionalista y una entrega de hecho a la dominación extranjera de las grandes potencias y de las empresas multinacionales.

El PSOE pretende realizar una síntesis armónica entre independencia nacional y apertura al mundo exterior: relaciones con todos los Estados y pueblos sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, cooperación internacional para la construcción de un mundo basado en la paz, la justicia y el progreso.

El voto eficaz.

Por todo lo expuesto, el voto útil se dirigirá hacia las formaciones políticas con posibilidades de llevar su programa a una realidad inmediata.

El elector sabrá votar en libertad y con responsabilidad. Es importante el número de votos obtenidos, pero aún lo es más la honestidad política de participar en una contienda desigual. Por esto podemos decir que el socialismo ganará, que el pueblo ganará.

Durante las tres semanas de la campaña electoral, la Tribuna Libre, que habitualmente hemos venido publicando en páginas de política, será publicada en ésta de Opinión. A ella seguirán teniendo acceso representantes de todas las formaciones políticas en liza, en un esfuerzo por clarificar las posiciones de quienes reclaman el voto de los españoles. Si siempre esta Tribuna Libre es expresión únicamente del firmante de la misma, con mayor razón ha de entenderse que EL PAIS no ampara necesariamente las opiniones aquí vertidas.

Una oportunidad histórica

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 8 FEB 1979

Secretario de Organización del PSOE

Hoy se inicia la campaña electoral para elegir nuevos representantes en las cámaras legislativas.

Desde hace dos años, los socialistas venimos insistiendo en la necesidad de convocar unas elecciones generales al final del proceso constituyente. Por muchas razones que se quieran dar ahora, la verdad es que todos -salvo los socialistas- se oponían a estas elecciones.

Algunos, aquellos a los que menos satisfacen las consultas populares, alegan que el pueblo está ya cansado de votar. Afirmación paradójica si atendemos a los años de forzado ayuno electoral de nuestro pueblo.

Para mí que el pueblo español posee una capacidad electoral muy considerable, porque unas elecciones, para un partido socialista, significan mucho más que una mera llamada a acudir al colegio electoral. Es un eslabón más de la tarea de aproximación al pueblo, de invitación a la participación popular en la cosa pública. Y el pueblo quiere participar.

La importancia del voto comunista

La derecha política creyó que la transición podría hacerse sin necesidad de descabalgar a las figuras de la dictadura. En su opinión, bastaba una remodelación exterior de la imagen del poder para suplantar el desmontaje del aparato burocrático-político de la dictadura. A esta operación se lanzaron Suárez y Fraga, pero sin acuerdo previo: más bien con la hostilidad derivada de las humillaciones pasadas.

La conclusión, al paso del tiempo, se ofrece con claridad. Los inventores del centro han fracasado en su intento de calmar las ansias de cambio de la población. Después de muchos años de espera, de resignación ante los problemas, los trabajadores, los funcionarios, los campesinos, los pequeños propietarios y comerciantes han soportado con estoicidad y responsabilidad una etapa transitoria en la que la necesidad de sedimentar las formas democráticas exigían el sacrificio de aplazar ciertas mejoras directas, inmediatas, de urgencia y necesidad. Y ello lo hacían a trueque de unos cambios estructurales que garantizaran a medio plazo una situación más justa a través de un proceso de democratización del país. Sin embargo, nada de esto ha sido propiciado por el Gobierno de UCD.

Por el contrario, la nación ha comprobado con horror que algunos problemas seculares de nuestra realidad permanecían intactos y que otros se agravaban con la gestión del Gabinete del señor Suárez.

Los dos problemas más graves que atentan contra la vida de la colectividad, el paro y el terrorismo, tienen su expresión más significada en el Sur -hambre en Andalucía- y en el Norte -golpeteo de balas en Euskadi.

Para más de un millón de españoles, el derecho al trabajo, reconocido en la Constitución, no existe. Sólo en 1978 el número de parados se ha incrementado en 250.000. Veinte mil parados más por cada mes de Gobierno UCD.

La incapacidad del equipo (?) gubernamental para dar solución a los conflictos que plantea un preocupante deterioro de la seguridad ciudadana, con la extensión del terrorismo y la generalización de la delincuencia, muestran una vez más lo que la historia siempre ilustra. Un partido no se inventa, no se improvisa. Aún menos se puede fabricar con desechos de la situación anterior. La experiencia de renovar la fachada de la dictadura con detalles formales de peluquería y vestuario de los líderes que no se forjaron en la democracia, sino contra ella, tenía naturalmente que ofrecer la cara del fracaso. Ahora el pueblo la tiene delante y puede aprovechar la fecha del 1.º de marzo para tomar sus precauciones, no insistiendo en fórmulas agotadas.

El pueblo español quiere cambiar la vida, quiere un nuevo proyecto de vida que se cimente sobre los valores superiores de libertad, justicia e igualdad. Y esto es posible.

Bastará con terminar la labor comenzada en junio de 1977. Entonces, a sólo tres meses de la legalización del Partido Socialista, éste obtuvo el apoyo de más de cinco millones de ciudadanos. Durante casi dos años, los socialistas han realizado un trabajo encaminado a sumar a su proyecto de vida a más amplios sectores de población.

,Contra esta posibilidad, los profesionales del miedo zarandean el rechazo de algunos sectores ante la alternativa de un Gobierno dirigido por los socialistas. Argumentación insostenible ante las cifras que proporcionan los últimos sondeos: más de un 75% de españoles expresan una recepción favorable ante la posibilidad de gestión socialista de Gobierno.

Es cierto que las encuestas arrojan datos favorables al PSOE sobre el resto de las fuerzas políticas. Posiblemente estemos ante una ocasión inmejorable para que el pueblo confíe al Partido Socialista la Administración del Estado, en una situación política y económica que exige una voluntad de cambio capaz de conectar con la aspiración popular.

Combatir el paro, democratizar la Administración pública, terminar con el fenómeno terrorista, controlar el alza de los precios, atender a los sectores sociales más abandonados (jóvenes, ancianos, mujeres, población rural, marginados sociales), potenciar una eficaz política sanitaria, concretar y desarrollar el proceso autonómico, proporcionar sistemas de promoción cultural, garantizar viviendas suficientes y dignas, facilitar el retorno de los emigrantes, conseguir una enseñanza eficiente y gratuita para todos, reformar la estructura agraria, eliminar el caciquismo, poner al servicio de la colectividad los medios de comunicación social, en especial la televisión, son algunas de las tareas que está exigiendo ya, sin demora, el pueblo español y que, a su vez, exige un Gobierno capacitado técnicamente, con un programa eficaz y con voluntad de transformación de la realidad socioeconómica para conseguir la justicia y la igualdad.

A este desafío histórico, el PSOE acude con un siglo de práctica política presidida por la honradez y la firmeza, y con un cuadro de hombres y mujeres, líderes y militantes, al servicio de nuestro castigado país, conscientes de que asumir en estos momentos una tarea de Gobierno representa una seria responsabilidad.

Sobre el referéndum

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 12 ENE 1986

El debate de las últimas semanas sobre el referéndum que se va a celebrar próximamente en España ofrece buenos ejemplos de esa inclinación, tan frecuente en los políticos -y en quienes se mueven en su entorno-, a confundir su mundo con el mundo. Ésta es fuente de la que nacen casi siempre los más sonados errores de los dirigentes, que, sin embargo, aciertan con frecuencia cuando son capaces de escapar a la atracción que ejerce sobre ellos la atmósfera cerrada del invernáculo político.La primera confusión deriva de que casi nunca se establece con precisión de qué se está hablando. Las actitudes ante la celebración del referéndum aparecen confusamente mezcladas con toda clase de elementos subjetivos, que podrán ser más o menos legítimos o espurios, pero que poco o nada tienen que ver con lo que pretendidamente se debate: ¿es o no razonable que el pueblo español sea consultado a la hora de tomar una decisión como la de permanecer o salir de la Alianza Atlántica? El contestar a esta cuestión con un ojo puesto en las encuestas y otro en el calendario electoral podrá ser comprensible desde el punto de vista de la estrategia partidista a corto plazo, pero no parece que sea la forma más rigurosa de responder.

La confusión aumenta si se añade la que deriva del cruce entre actitudes ante el hecho de la consulta -el referéndum- y actitudes ante lo consultado -permanencia en la Alianza- Hay algún medio de comunicación que, después de haber publicado en los últimos años decenas de editoriales sobre el asunto (en todos los cuales se ha criticado acerbamente la pretendida ambigüedad del Gobierno), aún no nos ha dejado saber si está a favor, en contra o se abstiene. Lo mismo cabe decir de algunos líderes políticos, que adoptan la ventajosa filosofía: "Con barba, san Antón, y si no, la Purísima Concepción".

En todas las construcciones argumentales en contra de la celebración del referéndum parece faltar siempre una respuesta a los datos básicos del problema, a saber: a) que la Constitución ha establecido el mecanismo del referéndum consultivo precisamente para las "decisiones políticas de especial trascendencia"; b) que todavía nadie ha puesto en duda que la decisión de permanecer o abandonar la Alianza Atlántica reviste una especial trascendencia para Es1laña; c) que la decisión de someter este asunto a referéndum popular está tomada y anunciada por el Gobierno desde 1982, sin que jamás se haya cuestionado su cumplimiento (otra cosa es que algunos, confundiendo sus deseos con la realidad, se hayan creído su propia propaganda contraria al referéndum y ahora se sorprendan ante la confirmación de que se va a hacer lo que siempre se dijo que se haría), y d) que la inmensa mayoría de los españoles, al margen de su ubicación ideológica o de su opinión sobre la permanencia en la OTAN, desea ser consultada sobre esta cuestión.

El papel de España en el mundo

Con estos cuatro datos de la realidad debería ser suficiente para que un Gobierno responsable considerara necesario consultar a los ciudadanos. Pero hay más: España sale de un prolongado período de indefinición y vacilaciones en cuanto a su papel en el mundo. La ausencia de un marco de relaciones internacionales más allá de la retórica ha supuesto hasta ahora una permanente rémora para nuestro desenvolvimiento como nación. El referéndum es el mejor modo de resolver profundas escisiones, hasta ahora existentes en nuestra sociedad, sobre el papel, los intereses y la seguridad de España en el contexto internacional. Escisiones equivalentes, desde el punto de vista interno, quedaron resueltas en el proceso que culminó con la aprobación de la Constitución, con el establecimiento definitivo de un marco adecuado de convivencia entre españoles. No parece que tenga menor trascendencia obtener ahora el definitivo asentamiento internacional de España; esto es, completar las líneas, establecer las condiciones y defender los intereses de su posición en el mundo como nación democrática y occidental.

El referéndum permitirá, mejor que cualquier otro procedimiento, hacer de esta cuestión, hasta ahora conflictiva e incierta, una cuestión en el futuro pacífica y segura. Que la legitimidad de una decisión política está en función, antes que de su contenido, del procedimiento por el que tal decisión se adopta es algo que ya resulta un axioma para la filosofía política más actual. Este principio de la legitimidad por el procedimiento o, si se prefiere, de la aceptación de la decisión política en virtud de la forma en que se toma y en que recibe el apoyo popular es, en último término, lo que explica esa especial adecuación, prevista por nuestra Constitución, del referéndum para las cuestiones de especial trascendencia. Parece claro que la política de paz y seguridad que España ha de establecer se verá considerablemente fortalecida, incluso frente a nuestros interlocutores exteriores, por el hecho de haber sido directamente refrendada por el pueblo.

Paternalismo y soberanía popular

Se alude a veces a la especial naturaleza de tan delicada cuestión para justificar la inconveniencia de que sea sometida a consulta de los ciudadanos. Peligroso argumento. Tras él subyace una concepción de la democracia y de la soberanía popular que, con suavidad, debe calificarse al menos de paternalista. Desde la perspectiva de profundización de la democracia, el referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica adquiere, a mi juicio, un valor añadido: la demostración práctica de que en España no hay cuestiones que puedan sustraerse a la soberanía del pueblo y que, por el contrario, queda siempre abierta la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en todas las materias que les afectan. Cuando la Constitución dice que "la soberanía reside en el pueblo" no establece a continuación un catálogo de excepciones. La consideración, que late debajo de ciertas posiciones, de que los temas relativos al marco de la seguridad de España o de su posición en el mundo han de ser coto privado de los profesionales de la política o de la defensa choca con los principios constitucionales y con una concepción integral de la democracia política, y ahí sí entramos ya en una auténtica cuestión de principios sobre la que sería bueno que se clarificaran las posturas.

El referéndum, asunto del Gobierno

Por otra parte, ¿qué se quiere decir cuando se afirma que el referéndum es un asunto del Gobierno? Naturalmente que lo es: el referéndum consultivo, previsto en el artículo 92 de la Constitución, ha de tener por objeto, necesariamente, una decisión política del Gobierno. El Gobierno es el órgano constitucional que ha de proponer y promover la consulta popular y es también el órgano que compromete una decisión suya mediante dicha consulta. Las cosas no pueden ser, en términos constitucionales y legales, de otra forma.

Lógicamente, las decisiones consultadas no pueden ser cualesquiera que el Gobierno desee, sino solamente aquellas que tengan especial trascendencia. Para garantizar esto último, precisamente, se establece que la celebración de la consulta y los términos en que se produce sean algo que ha de autorizar el Congreso de los Diputados. Ambos elementos -naturaleza especial de las decisiones objeto de consulta y autorización del Congreso- son los que determinan que tales decisiones se configuren como verdaderas cuestiones de Estado, respecto a las que pueden y deben comprometerse, en uno u otro sentido, todas las fuerzas políticas, y no sólo las que apoyan al Gobierno.

Un razonamiento contrario nos conduce al absurdo: puesto que lo que se ha de someter a consulta es una decisión del Gobierno, puesto que el presidente del Gobierno es quien tiene la iniciativa para promover la consulta, siempre será posible argüir que un referéndum es "un asunto del Gobierno" y descomprometerse así del "sino.

Semejante círculo vicioso sólo podría romperse mediante la exclusión de la posibilidad niÍsina del referéndum, es decir, creando una situación de reforma constitucional de hecho o de derecho. Y quien tal cosa pretenda debe decirlo así.

Lo que busca el Gobierno al consultar a los ciudadanos sobre su decisión de que España permanezca en la Alianza Atlántica en ciertas condiciones no es, desde luego, incrementar el apoyo popular a su política general. Entre otras cosas, porque, afortunadamente, no precisa este Gobierno para ello de semejantes medios. Nadie puede pensar seriamente que de lo que se trate sea de plebiscitar al Gobierno. Si ésa fuera la idea, a cualquiera se le pueden ocurrir muchos temas en los que este Gobierno podría buscar un plebiscito en condiciones de mayor comodidad.

Es precisamente la postura de boicoteo al referéndum por parte de ciertos partidos lo que determina un incremento de la responsabilidad y, por tanto, del protagonismo del Gobierno. Esa actitud sería, en todo caso, la que podría conducir a una situación plebiscitaria no buscada por el Gobierno, sino provocada por quienes se niegan a hacer frente a su responsabilidad ante el electorado.

Los enemigos de la consulta a los ciudadanos

El oportunismo latente en la postura de quien dice propugnar el boicoteo, su endeble base teórica, se evidencia en cualquier caso recordando las posiciones defendidas por AP al debatirse en las Cortes lo que hoy es el artículo 92 de la Constitución. Tronaba entonces el señor Fraga Iribarne en defensa de la democracia directa con palabras como éstas: "Partidario como soy de la democracia representativa, y respaldando como respaldo la inclusión de los partidos políticos en el título preliminar de la Constitución, es una compensación necesaria, de raíz profundamente populista y de raíz profundamente democrática, el que haya determinadas atribuciones otorgadas al pueblo como tal a través de las instituciones de la y a indicada iniciativa legislativa popular y del referéndum en un sentido amplio". Se quejaba amargamente el propio señor Fraga cuando, por una enmienda (justamente del partido comunista), el referéndum pasó de ser decisorio a considerarse consultivo, y citaba ejemplos:

"La entrada en las Comunidades Europeas o la eventual retirada de las mismas, o tal vez el tema tan polémico como la entrada en una organización internacional de defensa, pudieran y debieran ser sometidas a referéndum". Y concluía su alegato -mediante el que, no sin cierta coherencia ideológica personal, pretendía combatir lo que él llamaba "los riesgos de la partitocracia"- con una enérgica afirmación de identidad política: "Pertenezco a un partido populista que no acepta el desprecio a la plebe que implica el desprecio de los plebiscitos" (Diario de Sesiones, 6 de junio y 13 de julio de 1978).

En todo caso, y teniendo en cuenta que, aun después de haberse hecho pública la intención de los señores Fraga Iribarne, Alzaga y Segurado de boicotear el referéndum, casi el 70% de la población se manifiesta a favor de que éste se celebre, cabe dudar de la rentabilidad electoral de una actitud que más parece una trampa de elefantes que alguien le ha tendido a alguien, y no precisamente al Gobierno.

El referéndum, pues, es conveniente para España porque otorga una especial legitimidad a la política de paz y seguridad. Es democrático porque hace a los ciudadanos responsables y les permite intervenir en una materia que afecta a todos. Es respetuoso con la voluntad de los españoles, que desean en su gran mayoría ser consultados sobre esta cuestión. Es constitucional porque se ajusta estrictamente a lo previsto en el artículo 92 de nuestro texto básico; y es coherente con el compromiso electoral de los socialistas, reiterado en el programa de investidura del presidente del Gobierno y mantenido hasta hoy.

Además, no hemos de tener miedo a la expresión de la voluntad popular: ¿qué hace pensar a algunos que los españoles, que desde el final de la dictadura han sabido acertar en el rumbo más conveniente para sus destinos, van en esta ocasión a ir contra sus propios intereses? ¿Dónde están las reiteradas alusiones a "la demostrada madurez del pueblo español"? Más discutible sería la madurez de algunos políticos, que, estando convencidos de la conveniencia de una decisión, orillan el interés nacional en función de un muy dudoso ejercicio de quiromancia electoral cuyo principal defecto es que empieza por no convencer a aquellos a quienes se dirige. Como no podía ser menos tratándose de un guiso procedente de las cocinas democristianas.

No hay mejor forma, por tanto, de explicar el alcance y el contenido del referéndum que con el texto de la Constitución en la mano. Se trata, en efecto, de someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos una decisión política de especial trascendencia. Tiene que haber, pues, una decisión política, y tal decisión ha de tomarla el Gobierno. No se consulta a los ciudadanos sobre la paz y la guerra (sólo habría un resultado: ciento por ciento a favor de la paz), ni sobre la situación geoestratégica del mundo, ni siquiera sobre los bloques militares; hasta sería un error pensar que se trata de opinar sobre la OTAN como tal. No son ésas cuestiones que se solventen mediante un referéndum. Se trata de determinar si una decisión concreta del Gobierno es o no considerada conveniente, en un momento histórico determinado, por los ciudadanos.

En este caso, la decisión se refiere a la permanencia de España en la Alianza Atlántica con ciertas condiciones. Tiene, sin duda, especial trascendencia y, aceptando esa valoración (que nadie ha discutido hasta ahora), ha de aceptarse que el Gobierno pueda y deba someterla a consulta de los ciudadanos. No es razonable decir que el referéndum tenía sentido si era para salir (es decir, en el supuesto de que la voluntad del Gobierno hubiera sido abandonar la Alianza), pero no lo tiene si es para permanecer. Eso puede afectar a la opinión que merezca la postura del Gobierno o incluso al sentido del voto, pero no al hecho mismo de la consulta, que se justifica por la importancia de la cuestión.

El referéndum, en consecuencia, no es que pueda ser más o menos claro; es que la propia Constitución lo hace claro. El Gobierno, adoptada una decisión política sobre la permanencia en la Alianza Atlántica, la considera de especial trascendencia y pide autorización al Congreso de los Diputados para someterla a referéndum. A los ciudadanos corresponde decir sí o no a esa decisión. ¿Qué ocurre después? Si la mayoría ha dicho sí, lógicamente el Gobierno lleva adelante su decisión. Si, por el contrario, la mayoría de los votantes considera que la decisión del Gobierno no es la más adecuada para los intereses nacionales, éste, por lógica democrática, no debe aplicar tal decisión.

En esta situación cabe ya predecir que en el futuro los libros de historia recogerán el año 1986 como aquel en que los españoles, además de incorporarse a las instituciones de la Europa democrática superando un aislamiento de siglos al que les habían condenado, entre otros, los malos gobernantes, pudieron determinar su papel en el mundo y su participación en un sistema de seguridad colectiva por el procedimiento más democrático que se conoce: el sufragio universal. Y parece que no serán precisamente los que hoy, por mezquindad o por miopía, regatean su contribución al interés de todos quienes ocupen el mejor lugar en esa historia. es vicepresidente del Gobierno.

ALFONSO GERRA GONZÁLEZ 20 JUN 1986

Una mayoría y un Gobierno progresistas han podido cumplir, por primera vez en la historia de España, una legislatura con normalidad y en plena estabilidad política. El autor de este artículo analiza las circunstancias de los últimos cuatro años de gobierno y concluye, entre otras cosas, que el fenómeno más positivo y de mayor alcance quizá sea la emergencia y la creciente solidez de una nueva mayoría social, en la que se han ido articulando sectores, inicialmente muy diversos, en torno a los valores y objetivos propios de una cultura cívica avanzada.

Que España haya avanzado mucho o poco en los últimos años, durante la mayoría socialista, es debate a menudo infructuoso, cuando las afirmaciones derivan por entero de los intereses o de la sensibilidad de cada cual. El grado de cambio puede, sin embargo, reconocerse con mayor facilidad si nos atenemos a los hechos, pues nadie podrá entonces honestamente negar que se han producido unos cuantos no imaginables sin que desde el poder público se hayan operado, al mismo tiempo, transformaciones, riada superficiales, y sí muy profundas, en nuestro Estado y en nuestra sociedad.Es el caso, por ejemplo, de la incorporación de España a las Comunidades Europeas o de la plena realización de los procesos autonómicos. ¿Puede caber alguna duda de que la integración europea de España o el asentamiento del Estado sobre principios -radicalmente distintos a los vigentes durante siglos- en cuanto a la distribución territorial del poder no son fenómenos que puedan explicarse por sí solos, sino que, por el contrario, han sido posibles mediante un amplísimo conjunto de decisiones del que, prácticamente, no hay aspecto de nuestras relaciones políticas o sociales que no haya sido afectado?

Es el caso, también, del hecho mismo que, por primera vez en nuestra historia, una mayoría y un Gobierno progresistas hayan podido cumplir una legislatura con normalidad y en plena estabilidad política. No se trata, en efecto, de un hecho intrascendente, pues fácilmente podrá recordarse que la mayor duda de muchos españoles a finales de 1982 lo era sobre la capacidad de los socialistas para gobernar, en el sentido más amplio del término, y para hacerse, de modo estable, con resortes esenciales del poder público.

La duda no era ociosa. Hasta entonces, en la tradición política española el poder público siempre tendió a degenerar en un fin en sí mismo, en algo cuyo ejercicio venía a ser su único título de legitimidad. A partir de entonces, lo que se iniciaba era una utilización instrumental y mediadora del poder, esto es, su consideración de instrumento para llevar a cabo una transformación del Estado y de la sociedad en España, o, si se prefiere, la regeneración del Estado para modernizar nuestra sociedad.

El contraste era evidente. Si nos hubiéramos limitado a administrar la herencia que recibíamos -tan adversa, desde todos los puntos de vista, a la política que se emprendía-, en lugar de modificarla muy sustancialmente y de adaptarla a nuestros propósitos, no se hubiera llegado a unas elecciones en las actuales condiciones, esto es, a un momento que posiblemente sea aquel en que los españoles, a lo largo de su historia, afrontan la decisión de su futuro con mayor tranquilidad o ausencia de temores. Y justo en este momento, la capacidad política de gobernar establemente conforme a nuevos criterios se convierte en el principal objeto de una intensa actividad de derribo, como sucede siempre que se señala el peligro de que esa función de Gobierno estable y reformador al mismo tiempo pueda quedar asegurada para España durante los próximos años.

Mejores perspectivas

Los hechos parecen avalar, en suma, la puesta en movimiento de un cambio profundo que, con todas las limitaciones o carencias que se quiera, permite, en todo caso, afirmar que las perspectivas de futuro para España son notablemente mejores y más abiertas en 1986 que en 1982.

El fenómeno más positivo y de mayor alcance de toda esa situación quizá sea que en la misma subyace la emergencia y la creciente solidez de una nueva mayoría social, en la que se han ido articulando sectores, inicialmente muy diversos, en torno a los valores y objetivos propios de una cultura cívica avanzada.

Esta nueva mayoría social, para su ascensión -legítima y necesaria en términos históricos-, ha optado, en efecto, por los cambios graduales, pero irreversibles, o lo que es lo mismo, por la efectividad de las vías legales y democráticas para el desplazamiento de los considerables obstáculos que encuentre a dicho proceso de ascensión histórica. Tales obstáculos, aun a riesgo de simplificar, pueden resumirse en un enquistamiento de oligarquías, que las hay de muy distinto linaje, y que se manifiestan no sólo en forma de intereses concretos y organizados -cuya expresión más relevante probablemente sean los corporativismos-, sino, de manera mucho más difusa y extensa, a través de comportamientos y mentalidades.

En esta situación, el formidable factor de innovación y modernización que supone para España la existencia de esa mayoría social comenzó a ser operativo en la medida que ha sido capaz de dotarse de una mayoría política identificada con sus aspiraciones. No es casual que una identificación similar, del mismo modo que ha sucedido o sucede en distintas fases de la historia reciente de otros pueblos europeos, se haya producido en el espacio del socialismo democrático, donde coinciden la concepción del Estado como instrumento para crear o fomentar las condiciones que hagan efectivas la libertad y la igualdad de los ciudadanos y un sentido del ritmo político progresista y adaptado a las realidades sociales existentes.

No está de más recordar, en un momento en que parece asistirse a una creciente valoración intelectual de los componentes utópicos de la acción política, que el pragmatismo o el sentido de la realidad no son ajenos, sino esenciales, a la utopía socialista. No es difícil comprobar que la mayor identificación con una política gradualista proviene, justamente, de sectores sociales cuya situación inicial de desventaja es mayor y que serían, por tanto, los más legitimados para la impaciencia.

Y es que, sin duda, no se desean más oportunidades perdidas en nuestra historia. España es un país con una larga experiencia en frustraciones colectivas. Nunca, sin embargo, como ahora nuestro pueblo ha tocado tan de cerca el objetivo secular de equiparación respecto al reducido conjunto de naciones que ocupan la vanguardia de la cultura y del progreso material. El mayor riesgo que amenaza al proceso de equiparación, una vez iniciado, es que se llegue a quebrar el instrumento político de que dispone la mayoría social que alienta ese objetivo histórico.

De ello son bien conscientes los adversarios de lo que la nueva mayoría social significa, a los que resulta vital debilitar la mayoría política o introducir en ella fisuras a través de las que puedan penetrar los intereses sectoriales que todavía anidan entre las ruinas del pasado. De ello también habrán de ser conscientes quienes, por el contrario, alimentan e impulsan el espíritu de modernidad, que es hoy el principal impulso y motivo de esperanza para la sociedad española. En su propia consideración de mayoría social ascendente será, en suma, esencial preservar su mayoría política.

Alfonso Guerra es vicesecretario general del PSOE.

Fernando

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 17 FEB 1998

La verdad de los hechos históricos se desvela con el paso del tiempo. La sociedad española un día conocerá lo que todos debemos a Fernando Abril.Cuando España terminaba una larga dictadura, un grupo de hombres, más ligados al viejo régimen que a la oposición democrática, tomaron la decisión de agruparse para favorecer la recuperación de la democracia y la libertad. Con Adolfo Suárez como conductor, desmontaron la arcaica estructura que impedía el ejercicio libre de la voluntad popular y convocaron unas elecciones democráticas en 1977. El acontecimiento no tenía precedente histórico en España. La unidad de grupos y personalidades de las derechas siempre había tenido como objetivo él rapto de la libertad, las etapas autoritarias. Por primera vez, una agrupación de personajes y pequeños grupos se alían bajo las siglas UCD para ayudar a la revitalización democrática.

Las elecciones de 1977 no fueron convocadas para conformar una Cámara constituyente, pero todos éramos conscientes de que antes o después las Cámaras elegidas libremente, tras casi medio siglo de dictadura, habrían de elaborar una Carta Magna que rigiera la convivencia democrática de los españoles.

Los primeros pasos en la redacción de la nueva Constitución no fueron esperanzadores. La mitad de la Cámara ejercía su mayoría para aprobar un artículo tras otro, ignorando por completo las aspiraciones de la otra mitad de la Cámara. Se reproducía así el mecanismo por el que durante dos siglos la mayoría conservadora o la progresista dictaba una Constitución para sus partidarios, desdeñando a los otros, haciendo una Constitución para media España, que sería más tarde sustituida por otra Constitución para la otra mitad del país.

Fernando Abril Martorell entendió antes que nadie que teníamos ante nosotros una oportunidad única: elaborar una Constitución para todos. El día 17 de mayo de 1978, Fernando escribió una página larga de la historia futura de España. Invocó el consenso constitucional, garantía de la etapa democrática actual de España, la más larga de los últimos siglos.

En el año recién comenzado se cumplen 20 de la aprobación de la Constitución democrática de 1978. Sabiendo que Fernando Abril padecía una grave enfermedad tenía mis esperanzas puestas en la celebración de esa efemérides para que la sociedad española rindiese a Fernando Abril el homenaje que su visión política merece. No ha podido ser. La pasada semana animaba yo a Fernando a participar en los actos de celebración del vigésimo aniversario de la Constitución. Le anuncié que varias universidades, en sus cursos de verano, preparaban ciclos de conferencias, mesas redondas y otros actos, y que le reclamaban. Con voz serena, que resultó dramática, contestó que el verano estaba ya demasiado lejos para él.

Al conocer su muerte he evocado nuestros 20 años de amistad. Y me doy cuenta de que uno de los mejores amigos de mi vida ha sido mi adversario político. Y ello me admira, al pensar en la desgarradora historia de mi país. Tal vez ni en política encontramos razones para la confrontación.

Fernando Abril es ejemplo y lección. Las etiquetas no nos enseñan nada de los hombres, sólo sus conductas nos dicen de su grandeza o mezquindad. Fernando ha sido un ser excepcional, y si algunos consideran hiperbólica esta forma de adjetivar, motivada por un momento de congoja, de dolor, les emplazo a esperar el veredicto de la historia, de los hombres que han de analizar, sin adherencias partidarias, este último cuarto de siglo español.

El humanismo de Fernando, su sentido del humor, su ironía creadora, su bondad, el arte de distinguir lo accesorio de lo principal, deja abatidos a muchos amigos verdaderos.

Su esposa, Marisa, sus hijos y sus nietos, la familia que adoraba, sentirán que nadie le puede sustituir en su dolor, nadie puede dolerse por ellos. Es verdad. Sepan, al menos, que somos tantos los que les acompañamos en estos angustiosos momentos en que sabemos que Fernando ya no está. Su recuerdo, grato, amoroso, lúcido, nos acompañará.

Gracias, Fernando.

miércoles, 5 de diciembre de 2012